10 de septiembre de 2026. Un tribunal penal de Ecuador condenó este miércoles a 9 años y 4 meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz por el delito de delincuencia organizada en el caso denominado “Pruebas COVID-19”, que investigó la venta irregular de pruebas rápidas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria en 2020. Su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, recibió la misma pena. El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio de Pichincha. Noticia confirmada hoy, 10 de septiembre de 2026.
Detalles de la sentencia y roles de cada procesado
El tribunal encontró a Bucaram Ortiz y a su hijo como colaboradores de la organización que comercializaba pruebas COVID-19 e insumos médicos sin justificantes legales durante la pandemia.
- Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Pulley: condenados a 9 años y 4 meses, con multa de 20 salarios básicos unificados.
- Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, y Sheinman Oren, ciudadano israelí: autores directos del delito. Penas de 13 años y 4 meses para Berrones; para Oren se aplicó cooperación eficaz, reduciendo la pena a 2 años y 8 meses. Nota: mientras ambos fueron sentenciados originalmente con 13 años y 4 meses, a Oren se le benefició con una reducción.
- Cantidad irregular: se investigó la comercialización irregular de cerca de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos durante los meses de marzo a agosto de 2020.
Aplazamientos, condiciones de salud y audiencia de sentencia
La sentencia se produjo tras años de dilaciones en el proceso judicial. La audiencia de sentencia fue pospuesta al menos seis veces anteriormente debido a distintas causas, incluyendo problemas de salud del expresidente y sus defensores.
Bucaram Ortiz compareció a la lectura del fallo desde la clínica, donde estaba internado por una afección cardíaca. Solicitó su alta médica voluntaria para enfrentar la audiencia pese al riesgo, alegando estar en “peligro de muerte súbita” por arritmias ventriculares.
Gravedad de la pena y precedentes judiciales
La condena de Bucaram Ortiz marca su primera sentencia penal condenatoria en más de 45 años de vida política, pese a estar procesado en otros casos antes sin una resolución condenatoria firme.
El delitos de delincuencia organizada en Ecuador, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla penas severas y agravantes cuando se aprovecha una emergencia sanitaria. La justicia aplicó agravantes en este caso, como la venta de bienes esenciales en medio de una calamidad pública.
El Tribunal emitió su fallo durante la séptima audiencia fijada para la lectura de sentencia, pasada la 22:00 del 9 de septiembre de 2026. Bucaram Ortiz escuchó la resolución desde la clínica, en condiciones médicas especiales.
Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.
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