29 de septiembre de 2026. El Gobierno de Colombia, presidido por Abelardo de la Espriella, expidió hoy el Decreto 1446 de 2026, mediante el cual se delega al Consejo de Estado la competencia en primera instancia para conocer todas las tutelas dirigidas contra el presidente de la República, cuando estas imputen actuaciones u omisiones atribuibles al mandatario en el ejercicio de sus funciones. La decisión fue firmada también por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y modifica lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Esta medida reactiva una regla modificada en 2025 bajo la administración de Gustavo Petro.
Detalles esenciales del Decreto 1446 sobre tutelas presidenciales
El Decreto 1446, expedido el 28 de septiembre de 2026, establece reglas específicas para el reparto de las acciones de tutela relacionadas con el presidente De la Espriella.
- Competencia del Consejo de Estado: Conocerá en primera instancia tutelas en las que se atribuyan al presidente acciones u omisiones en ejercicio de sus funciones, siempre que la acción vaya dirigida conjointamente contra autoridades públicas o particulares.
- Modificación legal: Cambia una disposición del Decreto 1069 de 2015, y revierte lo dispuesto en el Decreto 799 de 2025, bajo el gobierno de Gustavo Petro, que delegaba estas tutelas a jueces de circuito.
- Excepciones parciales: El decreto señala que las tutelas relacionadas con programas de erradicación de cultivos ilícitos, políticas o estrategias nacionales en temas específicos, podrán seguir siendo atendidas primero por jueces de circuito si lo indica la norma.
Antecedentes legales: cambios previos del reparto de tutelas
Desde la Constitución y la jurisprudencia del Estado colombiano ha habido diferentes momentos en que se definió quién conoce primero las tutelas contra el presidente.
- 2015: Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, las tutelas contra el presidente correspondían en primera instancia al Consejo de Estado.
- 2025: Bajo la presidencia de Gustavo Petro, el Decreto 799 derogó esa regla especial y asignó la atención de esas tutelas a jueces de circuito, con argumentos de imparcialidad y acceso más directo a la justicia.
- Septiembre de 2026: Tras varios casos judiciales de relevancia —como la orden de disculpa pública por vulnerar la neutralidad religiosa y la suspensión de la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Putumayo—el nuevo gobierno presentó una propuesta de decreto que devolvía las competencias al Consejo de Estado, lo que hoy ha sido formalizado.
Implicaciones políticas y procesales del cambio normativo
Efectos para la administración de De la Espriella
- Centralización judicial: Todas las tutelas contra el presidente serán conocidas en Bogotá por el alto tribunal, lo que podría aumentar los tiempos procesales en comparación con los jueces locales.
- Protección jurídica ampliada: El decreto busca evitar decisiones judiciales adversas inmediatas que provengan de jueces locales en asuntos sensibles para la Presidencia.
- Impacto en casos recientes: Por ejemplo, resoluciones judiciales como la que ordenó al presidente disculparse por vulnerar la neutralidad religiosa o la suspensión de aspersión aérea en Putumayo podrían procesarse ahora directamente ante el Consejo de Estado.
Reacciones legales y críticas de la oposición
- Preocupaciones constitucionales: Sectores de la oposición han advertido que concentrar estas tutelas en el Consejo de Estado puede afectar estándares de acceso a la justicia, sobre todo para quienes no pueden trasladarse a Bogotá.
- Argumento de imparcialidad: Durante el gobierno anterior se alegaba que jueces locales podrían tener mayor cercanía con partes involucradas, mientras que el Gobierno de De la Espriella retoma la idea de uniformidad y control jurisdiccional superior.
- Defensa del nuevo decreto: El Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Cancino, justificó la medida como necesaria para casos en que se atribuyan directamente al presidente funciones constitucionales y que requieran conocer omisiones o actuaciones en primera instancia por un tribunal administrativo de rango máximo.
Comparación con otros sistemas y precedentes internacionales
Colombia no es el único país que lleva alta litigiosidad contra su jefe de Estado, pero la norma del 1446 es particularmente clara sobre centralizar la tutela presidencial.
- Precedente interno: Ya en 2021, mediante el Decreto 333 del gobierno de Iván Duque, las tutelas presidenciales eran asignadas en primera instancia al Consejo de Estado.
- Jurisdicción administrativa superior: En Colombia, el Consejo de Estado es la máxima corte en lo contencioso administrativo y revisa asuntos como nulidad administrativa, responsabilidad del Estado, actos administrativos y garantías constitucionales cuando correspondan.
- Diferencia con jueces locales: Los jueces de circuito atienden casos de primera instancia, generalmente más accesibles geográficamente, pero sin la especialización o el rango para resolver directamente sobre actos presidenciales con alcance nacional.
Hasta ahora —al cierre del día 29 de septiembre de 2026— no se han reportado fallos del Consejo de Estado que se hayan iniciado bajo el nuevo decreto, pues su implementación apenas comienza. El decreto ya está en vigencia tras su publicación, pero su operatividad dependerá del reparto efectivo de procesos administrativos internos y de la notificación a jueces y tribunales correspondentes. El Ministerio de Justicia ha señalado que informará los protocolos internos para remitir estos casos.
Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.
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