Bogotá, 21 de agosto de 2026. El Gobierno Nacional declaró hoy el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 1261 de 2026, como respuesta a la grave calamidad pública causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La medida, firmada por el presidente Abelardo De La Espriella junto a su gabinete, se extenderá durante 30 días calendario para atender los daños estructurales y sociales provocados en buena parte del país. Fuente: Presidencia de la República
Departamentos afectados y alcance territorial del decreto
El terremoto cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, Chocó, se sintió también en otros 14 departamentos, incluidos Antioquia, Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
El Gobierno podrá intervenir infraestructura territorial cuando las instituciones locales no cuenten con capacidad técnica o financiera para repararla; se levantan barreras normativas contractuales para acelerar obras de recuperación bajo esta emergencia.
Medidas concretas en salud, educación y servicios esenciales
Acciones urgentes para asistir a los damnificados
- Salud: se fortalecerá la capacidad de respuesta en hospitales y centros asistenciales afectados; se mantendrá la afiliación al sistema de seguridad social y asegurará el acceso a prestaciones médicas para la población damnificada.
- Educación: se contratarán servicios pedagógicos y psicosociales itinerantes; se proveerá dotación tecnológica y mobiliario para escuelas destruidas o inhabilitadas; y se garantizará la alimentación escolar en dichos establecimientos.
- Servicios públicos y conectividad: se adoptarán medidas de respaldo para restablecer agua, energía y telecomunicaciones; los trámites para la recuperación de redes de comunicación serán flexibilizados.
Duración del Estado de Emergencia y facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo
El Decreto 1261 de 2026 entró en vigencia tras ser firmado el 19 de agosto, durante el Consejo de Ministros. La vigencia se prolongará por 30 días calendario.
Se habilita al Ejecutivo para dictar decretos con fuerza de ley en asuntos relacionados con esta emergencia. Para ello, se requiere la firma de todos los ministros, según lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 137 de 1994.
Como antecedente directo, el mandatario había anunciado el 11 de agosto su intención de acudir a la Emergencia Económica para enfrentar crisis humanitarias causadas por el sismo, con propuestas como la creación de un “Fondo Milagro”, subsidios y medidas de alivio financiero para los más afectados.
Las recientes cifras oficiales indicaban que al menos 25.872 familias estaban afectadas, con cerca de 53.816 personas damnificadas. También se reportaban 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos tras el terremoto.
Obligaciones constitucionales, control político y revisión judicial
El decreto cumple con requisitos constitucionales que incluyen la motivación pública del estado de emergencia, su extensión territorial, y el término de duración definido. Estas condiciones son exigidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994.
Además, el mandato indica que el Congreso de la República será convocado para ejercer control político sobre las facultades extraordinarias otorgadas. También establece la obligación de remitir el decreto a la Corte Constitucional para su revisión.
El pasado 11 de febrero de 2026 quedó vigente el Decreto 0150, con el que se declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos afectados por lluvias e inundaciones. Aquella declaratoria también tuvo un término de 30 días y facultades especiales para intervenir contractualmente, normativamente y presupuestalmente.
Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.
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