21 de agosto de 2026 — El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó hoy la protección ambiental de 1.500 hectáreas pertenecientes a la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán, decisión que ha provocado protestas inmediatas tanto en comunidades locales como entre organizaciones ambientalistas. El decreto revoca la Resolución 0994 de 6 de agosto de 2026, respaldada por el gobierno saliente de Gustavo Petro, que declaraba reservadas las 1.499 hectáreas como Reserva de Recursos Naturales Renovables con carácter definitivo. El Ministerio de Ambiente, liderado por Fabio Arjona, argumenta que el acto anterior incumplía con los procesos de participación comunitaria, y anunció que reiniciará el trámite de protección en cumplimiento de un fallo judicial. Resolución 1037 de 13 de agosto de 2026 ratificaba ese estatuto desaparecido con la derogatoria.
Ministro Fabio Arjona y gobierno definen justificantes técnicos y legales para anulación
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ubicó la derogatoria en un contexto de legalidad: denunció que la resolución emitida el 6 de agosto fue una medida “exprés”, adoptada el día antes de finalizar la administración Petro, sin la debida participación ciudadana. Según Arjona, la norma “incumplió el deber de participación de las comunidades involucradas”. Además, recordó que un juez de Bucaramanga ordenó suspender el trámite y reabrir el proceso de consulta pública debido a errores en la versión inicial. En su cuenta de X, Arjona afirmó: “El agua y la biodiversidad se protegen con ciencia y el derecho a la participación de todos, no con decisiones de última hora para favorecer intereses políticos de unos pocos.”
Comité para la Defensa del Agua de Santurbán rechaza decisión y convoca movilizaciones
El anuncio fue recibido con indignación por el Comité para la Defensa del Agua de Santurbán, organización ciudadana con sede en Bucaramanga que reúne varias organizaciones sociales y ambientales. Mayerly López, una de sus voceras, acusó al Gobierno de aprovecharse de un fallo judicial para debilitar la resolución inicial, sin haber puesto a disposición pública todo el expediente ni iniciado formalmente la etapa obligatoria de consulta previa.
Desde la comunidad también han advertido que la zona afectada por la derogación incluye el área sobre la que pesa un título minero otorgado a la canadiense Aris Mining. Según estudios de factibilidad de la empresa, éste título podría permitir la extracción de unas 130 toneladas de oro si logra obtener licencia ambiental, algo que quedaría impedido bajo la figura de reserva derogada.
Reacción popular
- Habitantes de Bucaramanga: convocan manifestaciones exigiendo respeto al agua que abastece a más de 2,5 millones de personas.
- Ambientalistas: aseguran que la decisión redefine el “costo político” en Santander, región crítica por el uso del páramo como fuente hídrica.
- Mineros artesanales de Soto Norte: en contraste, algunos sectores celebran la derogatoria, esperando que se abra la posibilidad de formalización del proyecto Soto Norte.
Debate histórico sobre Santurbán entra en fase decisiva
Este episodio intensifica un conflicto ambiental de larga data que tiene varios hitos:
- Sentencia T-361 de Corte Constitucional (2017): obliga a definir entre todos los actores el límite del páramo y garantizar participación comunitaria.
- Resolución 0221 de 2025: zona de reserva temporal de Santurbán, que frustraba concesiones mineras nuevas.
- Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026: declaraba reserva definitiva las 1.499 hectáreas de la quebrada La Baja; apoyada por la anterior administración como medida urgente frente a lo que denominaban amenazas mineras crecientes.
- Sanción al Ministerio por incumplimiento: en junio 2026 el Tribunal Administrativo de Santander sancionó al Ministerio de Ambiente por no cumplir los plazos de delimitar Santurbán, acumulando nueve años de retraso.
El debate llega ahora al nuevo gobierno con la derogatoria aprobada, que abre una controversia tanto legal como social sobre el alcance real de las zonas que podrían perder protección ambiental.
Al cierre de esta jornada, no se han iniciado constitucionalmente las mesas de diálogo territoriales para la nueva delimitación, ni ha sido presentada públicamente una hoja de ruta técnica detallada por el Ministerio con cronograma legal. Tampoco se registra licencia ambiental vigente para la explotación del proyecto Soto Norte, cuya aprobación dependerá ahora del estándar riguroso de evaluación técnica que ha prometido el nuevo gobierno. El agua, mientras tanto, permanece como centro del conflicto. Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.
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