Estados Unidos frena investigación en España contra Alejandro Betancourt

14 de septiembre de 2026

Estados Unidos ha paralizado la investigación que la Audiencia Nacional de España desarrolla contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, según informan fuentes judiciales españolas este 14 de septiembre de 2026. El juez Santiago Pedraz está a la espera de que se materialice una comisión rogatoria dirigida a Washington para tomar declaración a varios testigos clave ya condenados en EE. UU.; si no hay respuesta antes de diciembre, advierte que dará carpetazo definitivo al caso. La causa investiga un presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal, derivado de un fraude multimillonario vinculado a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

El juez Pedraz fija un ultimátum mientras EE. UU. guarda silencio

La causa judicial española nació a raíz de una querella presentada en junio de 2025 por la Fiscalía Anticorrupción, que señala a Betancourt junto a su primo Pedro Trebbau, su socio Francisco Convit y otras personas. Se acusa un posible desvío de más de 4.000 millones de dólares de PDVSA.

• Petición clave: la Audiencia Nacional solicitó que los testigos ya condenados en EE. UU. declaren en España para acreditar el delito previo de corrupción.
• Silencio de EE. UU.: la comisión rogatoria permanece sin respuesta desde hace casi un año.
• Fecha límite: el juez Pedraz ha indicado que si hasta diciembre de 2026 no hay respuesta, la causa se archivará definitivamente.

Testigos “esenciales” y origen ilícito del dinero

Los testigos mencionados son:

• Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de PDVSA.
• Carmelo Urdaneta, alto funcionario del área petrolera venezolana.
• Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de PDVSA.
• Luis Fernando Vuteff, empresario argentino yerno del opositor Antonio Ledezma.
• Luis Carlos de León, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas.

El delito de blanqueo que se investiga en España exige un delito previo para vincular los presuntos movimientos de capitales con el origen ilícito. Si los testigos confirman corrupción en PDVSA, se podría demostrar que el dinero transferido a España tiene un origen corrupto y que ha sido introducido en circuitos legales mediante evasión fiscal y compra de bienes.

Intervención diplomática política detrás del retraso procesal

Según fuentes citadas por la prensa española, el retraso en la colaboración judicial estadounidense no se debe a meras dificultades logísticas sino a una estrategia política para proteger a Betancourt.

• Acuerdo petrolero reciente: Betancourt ha sido identificado como figura central en el convenio entre Washington y Caracas que le otorga a EE. UU. control sobre una quinta parte del petróleo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
• Defensa pública compartida: la Casa Blanca y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han defendido públicamente a Betancourt, según medios españoles.
• Respuesta venezolana: la Dirección General de Cooperación Penal Internacional de Venezuela presentó un escrito ante el tribunal español eximiendo a Betancourt de responsabilidad, basándose en que la causa en Venezuela se archivó en 2023 con “autoridad de cosa juzgada”.

Cronología reciente de la investigación española

Para entender cómo se ha llegado a este punto, estos son los hitos clave:

1. Junio de 2025: la Fiscalía Anticorrupción presenta querella por blanqueo y evasión fiscal contra Betancourt y otros sobre desvío de fondos de PDVSA.
2. Marzo de 2026: el juez Santiago Pedraz archiva provisionalmente la causa aduciendo falta de pruebas suficientes, aunque la sala de lo penal obliga a reabrirla tras recurso de la Fiscalía.
3. 10 de agosto de 2026: Pedraz emite advertencia formal de que no puede continuar con diligencias indefinidamente si EE. UU. no responde a la comisión rogatoria.
4. 14 de septiembre de 2026 (hoy): la Audiencia Nacional continúa paralizada por el silencio de EE. UU.; el juez reitera que diciembre es fecha límite para preservar el avance del caso, de lo contrario archivará definitivamente.

Desde España señalan que no existe plazo legal para que EE. UU. responda a una comisión rogatoria, aunque normalmente los tratados bilaterales de cooperación judicial incluyen plazos implícitos. Magistrados consultados comentan que ese silencio prolongado, dado el interés público del caso, resulta particularmente grave.

Impacto del estancamiento en los procesos internacionales contra Betancourt

El retraso en España se suma a situaciones similares en otros países donde Betancourt también está siendo investigado:

• Suiza: la causa permanece abierta, aunque se retiró la petición de extradición de Betancourt alegando particularidades legales del derecho británico.
• Estados Unidos: ya se han condenado a los testigos que denuncian la trama denominada “Money Flight”, lo que convierte sus declaraciones en clave para España.
• Venezuela: la causa archivada en 2023 es utilizada como argumento por la defensa para alegar cosa juzgada y lograr exoneración en tribunales extranjeros.

Hoy no hay confirmación oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. ni del Departamento de Estado acerca de cuándo responderá la comisión rogatoria. En España, la Fiscalía Anticorrupción reitera que la causa está incompleta sin esa cooperación. El juez Pedraz mantiene vigente su ultimátum: si no llega la respuesta de Washington antes de diciembre de 2026, declarará la instrucción improcedente y dará por archivado el proceso sin recursos adicionales respaldados por pruebas foráneas. Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.