Crece preocupación en la Amazonía por pérdida de conectividad ecológica y riesgos para la seguridad alimentaria tras políticas extractivas

Quito, 20 de agosto de 2026

Este miércoles, representantes indígenas y expertos reunidos en el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA Ecuador 2026), en Puyo, denunciaron que la Amazonía ecuatoriana enfrenta una grave pérdida de conectividad ecológica y un riesgo creciente para la seguridad alimentaria como consecuencia del modelo extractivista vigente. Alertas oficiales enfatizaron que las políticas que favorecen la expansión petrolera, la minería y la ganadería industrial están destruyendo corredores biológicos vitales y contaminando fuentes de agua esenciales para la producción de alimentos.

Pedro Arrojo advierte que el extractivismo mina la red ecológica amazónica

El relator especial de la ONU para el agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, aseguró que la red hidrológica amazónica—que interconecta la selva tropical, los ecosistemas andinos, los humedales y los ecosistemas atlánticos—se halla seriamente amenazada por el extractivismo.

  • Dependencia de la seguridad alimentaria: Arrojo advirtió que la pérdida de conectividad ecológica afecta los ciclos reproductivos de numerosas especies de fauna y flora, lo cual pone en riesgo la producción de alimentos para millones de personas.
  • Efectos climáticos: Deforestación acelerada, incendios provocados, degradación de suelos, aumento de temperaturas y reducción de vapotranspiración vegetal alteran las lluvias de la región amazónica y de buena parte del continente.
  • Contaminación tóxica: Arrojo señaló que ríos, acuíferos y humedales están siendo contaminados por metales pesados, agrotóxicos y derrames de petróleo, lo que además impacta negativamente la salud y la capacidad productiva local.

Comunidades indígenas denuncian políticas estatales que ignoran sus territorios y derechos

Líderes indígenas presentes en el FOSPA plantearon que muchas iniciativas extractivas se tambalean sobre consultas previas deficientes o inexistentes, estallan sobre territorios ancestrales y provocan conflictos socioambientales duraderos.

  • Proyectos petroleros sin consentimiento: Protestan contra nuevas adjudicaciones petroleras que abarcan millones de hectáreas en regiones como Sur Oriente y Subandina, donde bloques petroleros superponen territorios indígenas. Conflicto reavivado ya en 2025 por el anuncio gubernamental de 49 proyectos extractivos por 47.000 millones de dólares.
  • Desigualdad legal y ambiental: Los pueblos señalan que derechos constitucionales como la consulta previa, libre e informada, son sistemáticamente ignorados. Solicitan que decisiones que afectan al bosque y a la biodiversidad cuenten con su participación real.
  • Impactos sobre medios de vida tradicionales: Caza, pesca, recolecta de productos forestales no maderables y cultivo de subsistencia se ven afectados por contaminación, acceso restringido a territorios y degradación de ecosistemas.

Instituciones revelan cifras que muestran magnitud del daño ecológico

Datos recientes provistos por grupos amazónicos, análisis satelitales y organismos estatales documentan pérdidas tangibles de bosque, corridas de fronteras extractivas y erosión efectiva de los corredores ecológicos que conectan la Amazonía ecuatoriana.

Mapas de destrucción y territorios en riesgo

  • Bosque primario amenazado: Se estima que unos 5,5 millones de hectáreas de bosque primario permanecen sin intervención, pero están bajo la sombra de lotes petroleros que ocupan 6,7 millones de hectáreas.
  • Áreas protegidas expuestas: En parques nacionales como Yasuní, cerca del 43 % de su superficie enfrenta superposición con lotes petroleros.
  • Reducción territorial de cobertura boscosa: Análisis del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus revelan pérdidas significativas que comprometen la biodiversidad conectada entre el Yasuní, Sangay, Podocarpus y otras reservas.

Además, autoridades ambientales nacionales han reconocido históricamente alertas acumuladas de minería ilegal en sitios protegidos: cifras anteriores informan 796 alertas de minería en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguamiento.

Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.


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