30 de agosto de 2026. En el departamento del Cauca se registraron más de 45 ataques con drones durante la última semana, que dejaron siete personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. El hecho más reciente ocurrió esta madrugada en el corregimiento de Asnazú, municipio de Suárez.
Detalles del ataque en Suárez que dejó siete heridos
En el sector El Balastro, corregimiento de Asnazú, Suárez, un artefacto explosivo lanzado desde un dron hirió a siete personas: cuatro menores (de 9, 10, 15 y 16 años) y tres adultos (18, 33 y 59 años). Cinco heridos fueron trasladados a la Fundación Valle del Lili en Cali para atención especializada; los otros dos permanecen en observación tras ser estabilizados. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reclamó mayor protección para la población civil y calificó el hecho como un ataque criminal. Administración Municipal, Gobernación, la Fuerza Pública y la Secretaría de Salud participaron en la atención.
Escalada de 47 ataques con drones en ocho municipios esta semana
- 47 incidentes con drones fueron reportados en los últimos siete días en el Cauca, especialmente en municipios como Suárez, Jambaló, Almaguer, Caloto y otros cuatro corredores rurales. El más reciente fue el ocurrido en Suárez. Autoridades locales informan que estos ataques han generado alarma colectiva.
- Víctimas civiles: los anteriores ataques también han afectado población civil, no militares, lo que agrava la gravedad del escenario. El gobernador Guzmán confirmó que los siete heridos del ataque de hoy son civiles. Cuatro de ellos menores.
- Medidas de vigilancia y alertas: Alcaldes y la Gobernación del Cauca convocaron un consejo de seguridad el sábado 29 de agosto para coordinar respuestas institucionales, incluyendo mayor capacidad antidrones.
Reacciones institucionales ante uso creciente de drones con carga explosiva
Gobernador Octavio Guzmán exige acción al Gobierno Nacional
Guzmán condenó el ataque criminal con un dron ocurrido en Suárez y exigió refuerzo de la presencia militar en el Cauca. Destacó la necesidad de fortalecer la coordinación con la dirigencia nacional para proteger a niñas, niños y población civil. Rechazó el uso de drones como “una estrategia criminal dirigida contra nuestros civiles”.
Llamado de organizaciones de paz y derechos humanos
Leonardo González, director de Indepaz, afirmó que en el Cauca se requiere “una presencia estatal que no se limite a la Fuerza Pública: más justicia y más educación”. Advirtió que estas acciones reflejan disputas territoriales entre grupos armados ilegales que vienen utilizando jóvenes en tareas violentas y señaló que en los últimos cinco o seis años ha venido aumentando el uso de drones incluso en enjambres. Las organizaciones piden investigación sobre quién ordena estos ataques específicos.
Comparativo reciente: drones como estructura de violencia armada en Cauca
- Uso de drones en otros incidentes: ataques anteriores, como los de junio de 2026 en Suárez, también dejaron civiles heridos incluyendo menores, atribuida la autoría a la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias de las FARC. En esos hechos, igual número de heridos civiles. Ejemplos documentados: cinco niños y dos adultos heridos en zonas rurales.
- Incremento de denuncias: en julio de 2026 la Gobernación del Cauca había señalado que subestaciones de Policía habían sido atacadas con más de 20 explosivos lanzados desde drones, sin dejar heridos graves, pero mostrando una tendencia ofensiva creciente.
- Presencia estatal y capacidad antidrones: el gobierno departamental ha solicitado equipos y tecnología al Ministerio de Defensa, mientras se han instalado inhibidores y desplegado más efectivos policiales y militares como parte de las acciones de seguridad. Estas medidas eran parte de planes previos, pero faltan con mayor alcance ante la estrategia reciente.
Al cierre de esta cobertura, se conoce que los heridos más graves del ataque en Suárez están siendo atendidos en Cali y bajo supervisión médica especializada. Las autoridades continúan investigando la identidad del grupo responsable, mientras los habitantes de la zona viven bajo alerta por posibles nuevos ataques. Las administraciones locales han pedido mayor presencia del Estado para detener esta escalada en la que la violencia tecnológica pone en riesgo la vida de la población civil y de menores.
Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.
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