20 de agosto de 2026 — En la ciudad de Puyo, provincia amazónica de Pastaza, se llevó a cabo hoy una audiencia regional en el marco del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), donde pueblos indígenas, defensores ambientales, expertos legales y representantes de comunidades exigieron al Estado ecuatoriano protección legal para establecer una Amazonía libre de combustibles fósiles. La sesión se organizó como parte del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, con el objetivo de visibilizar cómo la exploración y explotación de petróleo y gas están vulnerando derechos constitucionales y colectivos.
Hoy los participantes reclamaron reformas legales que garanticen zonas sin nueva actividad petrolera, la cancelación o restricción de proyectos extractivos existentes, y que se respete el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. En particular, demandaron que decisiones populares, como la de la consulta popular del Yasuní, y sentencias nacionales e internacionales se traduzcan en acciones concretas y normativas efectivas.
Audiencia en Puyo expuso casos emblemáticos de explotación fósil violatoria de derechos
La audiencia regional, realizada entre las 09:00 y las 16:00 en la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”, reunió seis casos representativos que muestran cómo proyectos fósiles afectan a comunidades amazónicas y al ecosistema:
- Ecuador: la XI Ronda Petrolera fue presentada como ejemplo de agresión territorial, debido a expansión de concesiones sin consulta indígena adecuada.
- Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia: se expusieron casos como la bahía de Foz do Amazonas, zonas de sacrificio en la península de Paraguaná, el lote 64, el caso Tariquía y la comunidad U’wa, quienes denuncian daños ambientales irreversibles.
Durante la audiencia se señaló que más del 57% del bosque primario amazónico ecuatoriano, es decir unas 5,5 millones de hectáreas, está amenazado por lotes petroleros, según Earth Insight.
Demandas legales requieren reconocimiento constitucional y cumplimiento del Yasuní
Los asistentes pidieron la creación de un marco legal que garantice:
- Declarar como sujetos de derechos a ecosistemas, comunidades, ríos y bosques, siguiendo mandatos constitucionales.
- Integrar al Estado ecuatoriano a leyes y decretos que prohíban la entrega de nuevas concesiones petroleras en territorios amazónicos.
- Implementar de forma vinculante el resultado de la consulta popular del Yasuní realizada hace tres años, que resolvió dejar el petróleo bajo tierra.
- Respetar el consentimiento previo, libre e informado (CLPI) para cualquier actividad extractiva, según lo exige la Constitución.
Los representantes indígenas argumentaron que decisiones como la del Yasuní no se han materializado plenamente. Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Huaorani, expresó que “se cumple un año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tagaeri y Taromenane…, pero aún no se garantizan acciones concretas.”
Activismo y contexto legal previo refuerzan la exigencia de protección
Este acontecimiento se inscribe en una trayectoria reciente de demandar que se cumplan sentencias y mandatos legales:
- Hace tres años, en la consulta popular al Yasuní, la ciudadanía decidió dejar el petróleo bajo tierra. Organizaciones alegan que el Estado no ha cumplido esa decisión.
- En julio de 2026, el colectivo “Guerreras por la Amazonía” obtuvo una sentencia que ordenó eliminar los mecheros más cercanos a centros poblados, pero según informes, solo se ha avanzado parcialmente.
- El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ya había emplacado otros casos en el XI FOSPA y con la Declaración de los Derechos de la Amazonía, exigiendo acciones nacionales e internacionales que hasta ahora no se han traducido en políticas efectivas.
El reclamo hoy también incluyó cifras ilustrativas: los mecheros operados por la estatal Petroecuador suman 424, mientras los privados son 62, y aún quedan muchos cerca de comunidades.
Líderes indígenas reclaman cumplimiento estructural
Patricia Gualinga, lideresa kichwa de Sarayaku, dijo en Puyo: “Proteger la Amazonía significa preguntarnos qué entendemos por desarrollo y qué necesitamos preservar para que la vida continúe”.
Además, se urgió la aprobación y aplicación de normativas que bloqueen nuevos proyectos extractivos, que transformen el financiamiento público y privado hacia modelos sostenibles y pueblos-centros, y que se respeten los derechos colectivos.
No hubo respuesta oficial directa hoy del gobierno ecuatoriano, más allá de invitaciones a diálogo formuladas en espacios previos, como mesas de trabajo interinstitucionales.
El evento concluyó con una planificación colectiva de acciones legales y movimientos sociales para que la audiencia regional no quede en declaratoria, sino que genere leyes, decretos o reformas constitucionales que blinden legalmente a la Amazonía ecuatoriana contra nuevas incursiones de combustibles fósiles.
Este artículo se basa en información de fuentes públicas disponible al momento de su publicación.
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